¿Qué es ley REP?

La Ley N° 20.920 de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad Extendida al Productor, más conocida como Ley REP, es el nuevo marco legal en materia de residuos y de fomento al reciclaje. Esta Ley tiene por objeto disminuir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización, a través de la instauración de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y otros instrumentos de gestión de residuos, con el fin de proteger la salud de las personas y el medio ambiente.

La Ley tiene como principal instrumento la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), mecanismo en virtud del que los productores de productos prioritarios son responsables de la organización y financiamiento de la gestión de los residuos derivados de la comercialización de sus productos en el país. Junto con esto, la Ley contempla un Fondo para el Reciclaje como mecanismo de apoyo a la REP, que permitirá financiar proyectos, programas y acciones desarrollados por municipalidades y asociaciones de municipalidades, para prevenir la generación de residuos y fomentar su reutilización, reciclaje y otro tipo de valorización.

La Ley contempla la adecuación de otras normas para facilitar el funcionamiento del sistema REP, define obligaciones específicas a los distintos actores relacionados a la gestión de residuos e implementa un régimen de fiscalización y sanciones.

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¿Qué Productos Regula la Ley?

Estos productos fueron escogidos y priorizados frente a otros por poseer alguna o varias de las siguientes características: ser de un consumo masivo, por el volumen significativo de sus desechos, por ser residuos peligrosos para la salud de las personas y/o el medio ambiente, por ser factible su valorización, y por existir una regulación comparada de referencia. La Ley establece que se deberá establecer un Decreto de Metas y Otras Obligaciones Asociadas (para abreviar, Decreto de Metas) para cada producto prioritario. La publicación del decreto determinará el momento en que comenzará a regir la obligación de organizar y financiar la recolección y tratamiento de cada uno de estos residuos.

¿Que actores establece la ley?

La Ley REP establece a los siguientes actores:

  • Productores de Productos Prioritarios (PPP) - Son quienes ponen por primera vez un producto prioritario en mercado nacional. Los PPP son quienes están sujetos a la Responsabilidad Extendida del Productor, y, por tanto, los principales regulados por la Ley.

  • Sistemas de Gestión (SiG) - Los SiG son organizaciones sin fines de lucro financiadas por los PPP y a través de las cuales estos últimos deben dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la Ley REP. Los SiG pueden ser individuales o colectivos.

  • Gestores de Residuos - Son personas naturales o jurídicas que realizan operaciones de manejo de residuos. Los gestores de residuos son una comunidad diversa que incluye, entre otros, a recicladores de base, empresas de gestión de residuos, y empresas valorizadoras.

  • Consumidores - Son quienes generan residuos de productos prioritarios. Los consumidores pueden ser personas u organizaciones. Su deber es colaborar con el buen funcionamiento de los Sistemas de Gestión.

  • Municipios - Los municipios son los actor clave de la Ley REP a nivel territorial. Entre otras cosas, la Ley los faculta para celebrar convenios con los Sistemas de Gestión y con los Recicladores de Base para coordinar su actuar en sus territorios.

  • Ministerio del Medio Ambiente - Es el encargado de establecer las metas de recolección y valorización para cada producto prioritarios, mediante la dictación de los respectivos Decretos de Metas y Otras Obligaciones Asociadas.

  • Superintendencia del Medio Ambiente - Es el encargado de fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley e imponer las sanciones que corresponda cuando se detecten incumplimientos.

¿Como se elaboran los Decretos de Metas?

Los Decretos de Metas establecen las metas anuales de recolección y valorización de cada uno de los productos prioritarios. Además, detallan las reglas del funcionamiento de los sistemas de gestión respectivos, las obligaciones de las partes, y las opciones de valorización válidas.

La elaboración de un decreto se divide en cuatro etapas. En la primera, se abre un expediente público que contendrá la información más relevante para al proceso, se invita a aportar antecedentes, se constituye un Comité Operativo Ampliado (COA) a cargo de supervisar los avances, y se elabora el estudio Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES), para culminar con la publicación del Anteproyecto de Decreto de Metas.

En la segunda etapa, se somete el Anteproyecto a una Consulta Pública que se divide en dos partes: la Consulta Ciudadana y la Consulta al Consejo Consultivo.

En la tercera etapa, se recogen las observaciones surgidas de la Consulta Pública, y en base a ellas se elabora una nueva propuesta, que se presenta, primero, al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, y luego, a la Presidencia de la República, para sus respectivas aprobaciones.

Una vez revisado por el Consejo de Ministros y por Presidencia, y una vez realizadas las modificaciones que pudieran surgir de dicha revisión, se envía la Propuesta de Decreto Supremo a la Contraloría General de la República, para su Toma de Razón, que es el último trámite antes de la publicación oficial.